Ley de Seguridad Interior en México: breve análisis y perspectivas

La participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior no es nueva en México. De hecho, puede decirse que desde al menos la primera mitad del siglo XX, las Fuerzas Armadas han estado involucradas en funciones que, en principio, competen a otros órganos de carácter civil del Estado Mexicano.

En los años cuarenta del siglo pasado, las FFAA participaban activamente en labores de erradicación de cultivos ilícitos; en los años setenta, la Operación Cóndor movilizó a miles de elementos (específicamente del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea) para el mismo propósito.

Sin embargo, debe decirse que no fue sino hasta la década de 1990 cuando la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior cobró verdadera relevancia y, con ello, encendió un debate político que aún persiste: cómo contrarrestar amenazas y perturbaciones serias a la paz pública (como la violencia generada por grupos del crimen organizado, sobretodo en su modalidad de tráfico de drogas) con la urgente necesidad de consolidar instituciones civiles de seguridad en el marco de un estado democrático de derecho.

 

En este sentido, a partir de la administración del Presidente Calderón (2006-2012) y a la luz de un incremento sustancial no sólo en la cantidad de personal militar involucrado directamente en funciones de seguridad interior sino también en la calidad de dichas intervenciones (en lo que hace a la definición de estrategias puntuales y priorización de objetivos), se han incrementado las voces que claman por una definición legal específica que regule la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior.

Este reclamo, contrario a lo que ha sucedido en otras latitudes de nuestra región, no sólo ha provenido de especialistas en la materia o de la sociedad civil organizada, sino también de las propias Fuerzas Armadas, urgidas por dotarse de un paraguas que les otorgue certeza jurídica a sus operaciones.

Dentro de esta discusión, pueden encontrarse dos vertientes de propuestas: por un lado, existen iniciativas orientadas a modificar el marco legal existente; por el otro, se encuentran esfuerzos tendientes a crear nuevos instrumentos jurídicos a partir de la experiencia propia e internacional.

Aquellos que han pugnado por modificar el marco legal actual, proponen la adición de nuevos párrafos a la Ley de Seguridad Nacional, lo que en nuestro juicio es totalmente erróneo, pues dicha Ley regula un concepto que es superior al de seguridad interior.

De seguir este camino se estaría contribuyendo a la ya de por sí inmensa confusión conceptual y doctrinal existente en México alrededor de estos conceptos.

Por lo anterior, resulta interesante la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, el pasado 13 de septiembre de 2016; misma que se inscribe en la vertiente de crear un nuevo marco legal que aborde de manera integral un fenómeno de extrema complejidad.

En resumen, la propuesta a la que hacemos mención presenta las siguientes características principales:

 

  1. Especifica de manera clara y concisa que la Seguridad Nacional es una condición que se construye y mantiene en base a dos vertientes: la defensa exterior y la seguridad interior.
  1. Por ende, define a la Seguridad Interior como una función del Estado Mexicano que abona a la Seguridad Nacional, tendiente a garantizar el mantenimiento del orden constitucional, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática.
  1. Puntualiza los supuestos en los cuales puede considerarse la existencia de una perturbación a la seguridad interior:
  • Infiltración de instituciones de seguridad nacional o pública de los tres niveles de gobierno.
  • Obstaculización de la prestación del servicio de seguridad pública en los estados y municipios por parte de grupos de la delincuencia organizada.
  • Violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
  • Obstaculización de la provisión de programas de apoyo federal.
  • Destrucción o inhabilitación de infraestructura estratégica para la provisión de bienes y servicios (carreteras, puentes, trenes, aeropuertos).

 

  1. Mandata la creación de un Comité de Seguridad Interior. Debemos destacar que esta propuesta considera que dicho Comité debe ser parte del Consejo de Seguridad Nacional ya en funciones, y no una instancia externa que bien pudiera rivalizar con aquel.
  1. Ordena que, dentro del Comité de Seguridad Interior, participe el Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, con lo que se asegura un papel relevante del Poder Legislativo en la definición tanto de la Política de Seguridad Interior como de los casos de perturbación a la misma.
  1. Considera que la Declaratoria de Perturbación a la Seguridad Interior ha de establecer claramente el tiempo en que la Fuerzas Armadas habrán de intervenir, así como el espacio geográfico de su actuación.
  1. Otorga al Senado de la República la facultad de declarar por terminada una intervención de las Fuerzas Armadas en casos de perturbación a la seguridad interior.

 

Como puede observarse, la propuesta de ley incluye aspectos novedosos que marcan dos objetivos muy claros: determinar con claridad los casos en los que las FFAA deben intervenir en casos de afectación a la seguridad interior, al tiempo de especificar el teatro de operaciones y la temporalidad de dicha intervención.

Sin embargo, aunque en general la propuesta de ley es positiva, existen algunos vacíos importantes que deben subsanarse:

  1. No especifica qué mecanismos de evaluación habrán de ponerse en práctica para determinar el éxito o fracaso de una intervención.
  1. La propuesta no mandata a los estados y municipios intervenidos la construcción de instituciones de seguridad profesionales y eficaces, durante el tiempo que dure la declaratoria.

 

El último punto es de suma importancia, pues si algo han creado las intervenciones de las FFAA en labores de seguridad interior es eliminar incentivos locales para que las autoridades de estados y alcaldías emprendan serios procesos de institucionalización en sus cuerpos de seguridad.

Como conclusión, puede argumentarse que la actual propuesta va en el camino correcto de crear un andamiaje jurídico nuevo y especial para un fenómeno sumamente complejo.

Sin embargo, a la fecha no se percibe voluntad de los actores políticos para avanzar en esta materia tan relevante, la cual ha tenido al menos dos grandes consecuencias: se ha abusado de la participación de las FFAA en labores de seguridad interior, sin dotarlas de un marco jurídico mínimo; y se ha permitido a los actores locales permanecer en la inacción ante una función que, en principio, les corresponde por naturaleza constitucional.

Esperemos que esta propuesta, con las modificaciones pertinentes, logre el consenso político necesario para entrar en vigor lo antes posible.

Si el estamento político mexicano no ha entendido la complejidad de la crisis de seguridad que vivimos, donde las amenazas ágiles, adaptativas y cambiantes demandan una respuesta igualmente integral, no ha entendido nada.

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