Insurgencias criminales: el reto latente

El año pasado, a propósito de la inminente llegada al poder de una nueva administración, escribí un breve texto sobre el tipo de amenazas a la seguridad interna que enfrentaría nuestro país, cada vez con mayor regularidad.

Si bien algunos conceptos tales como insurgencia criminal o base social del crimen suelen recibir fuertes críticas -especialmente por parte del estamento tradicional de seguridad- lo cierto es que negar estos fenómenos es una irresponsabilidad enorme.

Tomando como base el trabajo realizado en 2017 para el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, a título personal y no institucional, las insurgencias criminales son grupos delictivos que buscan un control territorial delimitado, a costa del Estado, y que cuentan con apoyo social precisamente de dichas zonas.

El apoyo social se vuelve un componente fundamental para mantener la legitimidad perceptiva de dicho grupo delictivo, quien se erige al final como la autoridad de facto en determinada circunscripción geográfica.

Dicho lo anterior, los grupos de la delincuencia organizada que se dedican al trasiego y venta de sustancias prohibidas, o las estructuras enfocadas al robo y venta de combustible -tanto terrestre como en zonas costeras- caben perfectamente dentro de esta definición, y merecen un tratamiento especial por parte de las fuerzas del estado.

Sin embargo, a casi un año de haber asumido el poder, la nueva administración no parece tener un enfoque adecuado para enfrentar dichos fenómenos socio-delictivos.

Reconozco que la teoría siempre es más sencilla que la práctica, y eso aplica también a este contexto. El propio Helmuth von Moltke (el grande) decía que “cualquier plan no sobrevive intacto al primer contacto con el enemigo”.

Pero una cosa es tener un plan adaptativo cuyo diseño prevé la modificación de variables tácticas, operacionales y estratégicas, que no tener absolutamente nada (como es el caso).

Y me temo que estamos llegando a un punto donde pareciera que, ante la ausencia de ideas sobre cómo enfrentar estos fenómenos, se desecha por completo el ejercicio teórico-conceptual y se repite la misma aproximación fallida del pasado: la contención.

La diversa literatura mundial sobre insurgencias criminales sugiere un enfoque de atención basado en tres momentos puntuales: contención, control y construcción.

Cada una de estas etapas tiene una complejidad específica, la cual va incrementándose a medida que se avanza en el proceso de contra-insurgencia criminal (sí, así se llama aunque a muchos no les guste el concepto).

Para los especialistas en la materia, la contención es la fase más táctica del proceso, y se refiere al despliegue inicial de elementos -idealmente de naturaleza intermedia- enfocada en detener la expansión geográfica de la insurgencia criminal. El objetivo es claro y relativamente simple: impedir que dicho grupo amplíe su base de operaciones más allá de un entorno geográfico controlable.

Antes del inicio de esta etapa, claro está, el esfuerzo gubernamental debe realizar un proceso de inteligencia del Entorno Operacional, tomando en consideración todas las variables que afectan el empleo de las capacidades: sociales, políticas, culturales, geográficas, climáticas y de infraestructura.

Sin esta fase cero, bien realizada, todo el proceso posterior seguramente fracasará.

La segunda fase (control) implica abordar de manera directa uno de los centros de gravedad más importantes de la insurgencia criminal: el apoyo poblacional. Sin duda esta etapa es sumamente compleja, pues demanda de la introducción de personal civil especializado en desarrollo social, trabajo social, infraestructura básica, educación y cultura.

Durante esta etapa, la posibilidad de fracaso de todo el esfuerzo contra-insurgente se incrementa, toda vez que es común que el personal civil enfocado en el aspecto social no entienda la trascendencia de su misión: no se trata únicamente de hacer donativos esporádicos a ciertos grupos poblacionales (despensas o becas, por cierto), sino de un cambio de paradigma cultural de gran profundidad.

De hecho, los esfuerzos para contener y controlar a insurgencias criminales suelen quedarse atrapados en esta etapa, donde la necesidad de un mando centralizado es fundamental.

Dicho mando territorial deberá ser responsable del componente de fuerza, pero también del componente “suave”, y su habilidad política de articular personal de diversas esferas será vital para el éxito del esfuerzo.

La última etapa, de construcción, se refiere a la instalación de instituciones permanentes de gobierno y civiles con fuerte arraigo local. Se trata de establecer las condiciones para el desarrollo de actividades económicas rentables, el ejercicio de derechos democráticos como el voto libre, el acceso a bienes y servicios comerciales de calidad, el funcionamiento de policías y jueces, esquemas de justicia alternativa, entre otros.

Durante las etapas dos y tres, la participación de organizaciones de la sociedad civil, empresarios y academia (locales) es fundamental, pues su ausencia resta legitimidad al esfuerzo estratégico de pacificación.

Comento lo anterior porque, insisto, a menos que este por gestarse un proceso como lo aquí descrito, hasta el momento no parece haber una visión integral para enfrentar este tipo de fenómenos socio-criminales, cada vez más arraigados en el país.

Un amigo perteneciente al estamento de defensa me comentaba hace unas semanas, que la atención a la emergencia de este fenómeno se esta centrando únicamente en la fase de contención, tras carecerse de planes estratégicos regionales que aborden todas las etapas de un esfuerzo integral.

Pareciera que el Estado Mexicano aun se encuentra lejos de abordar estos fenómenos con nuevas ideas, y opta por repetir los esquemas tradicionales que han quedado ya rebasados ante organizaciones socio-delictivas profundamente evolutivas y adaptativas.

El problema de lo anterior radica en que dichas organizaciones cuentan con estructuras horizontales (red de redes) con una agilidad inmensa para aprender, desaprender y reaprender.

Más allá de discursos políticos fuera de toda realidad, habría que empezar por reconocer que buena parte de la delincuencia en México ha encontrado nuevas formas de expresarse y que el Estado ha fallado en su atención.

 

PS. Sobre la fase cero, o de Inteligencia de Entorno Operacional, se avanzó mucho durante la administración pasada tanto en la Secretería de la Defensa Nacional como en la Secretaría de Marina. El documento -no público- de Planeamiento Operacional Conjunto es una verdadera joya en este sentido. Sin embargo, su implementación está aun lejana.

 

Foto: tomada de Internet