Construyendo entornos de seguridad resilientes

Pluma invitada:

Khublai Villafuerte, Consultor Senior en Riskop y maestro en prospectiva estratégica

Puede seguirlo en Twitter como: @Khu_89

 

Las FFAA han sido punta de lanza para las estrategias de recuperación territorial en México. Ya sea en los estados de Michoacán, Tamaulipas o Nuevo León, se les ha encomendado la tarea de retomar regiones, ciudades e incluso estados donde el crimen organizado, por la escala y alcance de sus actividades, adquirió características más similares a las de una insurgencia, infiltrando y acaparando espacios en las estructuras económicas, sociales, políticas y de seguridad.

Hoy, precisamente cuando se discute en el estamento político la necesidad de regular (lo que ello signifique) la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior, entender la complejidad de los procesos de recuperación territorial es vital.

Tanto la Marina como el Ejercito Mexicano han logrado en mayor o menor medida contener y controlar a estos grupos, atomizando a los grandes carteles. Esto dio pie a la creación de bandas criminales y nuevos grupos de menor tamaño y mayor movilidad, como es el caso del Cartel Jalisco Nueva Generación que progresivamente ha ocupado las plazas dejadas por Los Caballeros Templarios en Michoacán. A su vez, pandillas o escisiones de los otrora grandes carteles han intentado (y logrado) retomar espacios estratégicos como el Puerto de Lázaro Cárdenas, zonas dentro del Área Metropolitana de Monterrey o algunas ciudades de la frontera norte.

A pesar de este escenario, seria un error decir que los operativos pasados fueron de poca utilidad ya que cumplieron con el objetivo de debilitar y disruptir la estructura y actividades de los grupos criminales. Sin embargo, las zonas donde operaron se volvieron dependientes de las FFAA y nunca se articularon instituciones de seguridad sólidas ni se atacaron las causas que propiciaron el surgimiento y fortalecimiento de grupos criminales.

En un principio, se lograron contener y controlar los efectos del crimen organizado, sin preocuparse de construir un entorno de seguridad resiliente, que pudiera, en largo plazo, impedir, neutralizar o minimizar los efectos de una más que posible reaparición de este tipo de agrupaciones. Sin una estrategia robusta y multidisciplinaria que capitalice los esfuerzos de las FFAA, se falla en atender el origen del problema.

El reto no es menor y para entender la complejidad del fenómeno se presenta el siguiente diagrama de relaciones causales:

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Una estrategia orientada solamente a debilitar los efectos de movimientos insurgentes o criminales -la inseguridad- falla en implementar una solución de largo plazo ya que no atiende las condiciones socioeconómicas que propician su aparición. De esta forma, la única arma con la que cuenta el Estado es un recurso limitado: la incursión de las fuerzas armadas (en operaciones con características de contra-insurgencia). Si bien estas generan un estado de relativa paz y seguridad mediata, en el mediano y largo plazo las FFAA están destinadas a retirarse, ya sea porque se les requiere en otras zonas con niveles de violencia mayores o por falta de recursos. Sin estas se genera un vacío institucional que propicia el regreso del sistema a la condición inicial: violencia generalizada, instituciones infiltradas y una sociedad alienada.

Para evitar esto y generar un entorno resiliente es necesario capitalizar las operaciones contra los grupos criminales ya que el estado de paz y seguridad propicia: 1) La recuperación de la legitimidad del aparato estatal y mejora de su imagen ante círculos estratégicos de la sociedad (ONGs, academia y empresarios); 2) Un mayor apoyo de la población hacia el Estado (a partir de los anterior) y; 3)  un margen de maniobra para incluir otras instituciones y sectores de la sociedad tradicionalmente apartados del proceso de política pública.

Una vez que se cuente con estas condiciones se puede establecer una estrategia de recuperación del territorio, donde diversas instituciones gubernamentales (no sólo de seguridad) y de la sociedad civil intervengan en temas de desarrollo económico, urbanismo, violencia intrafamiliar o incluso cuestiones de salud como la depresión. Es necesario recordar que los grupos criminales han logrado fortalecerse sobre todo en lugares donde el acceso a condiciones de legalidad, formalidad y educación no son una opción viable, atractiva o simplemente, no existen; atenderlas es, por lo tanto, la única forma de evitar su reaparición.

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Así pues, se pasa de tener una estrategia cortoplacista que sólo contiene y controla a los grupos criminales, a una de largo plazo, que recupera efectivamente la colonia, la ciudad o la región y permite que se creen en él condiciones propicias al desarrollo individual, comunitario y social. Sólo de esta forma es que se logrará atacar la causa raíz detrás del surgimiento de movimientos cuasi-insurgentes que acaparan las estructuras de una sociedad, sólo así se dejaría de depender de las incursiones esporádicas del ejercito y la marina, sólo así crearemos un modelo de sociedad sostenible y resiliente a los embates de quienes no comparten una agenda y lógica de consenso y progreso.

Se recomienda:

John D. Sternman . (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: MassachusettsInstitute of Technology Sloan School of Management.

Infraestructura Energética y Vulnerabilidades Críticas: la importancia del entorno operacional

Cuando se planteó el Programa de Seguridad Nacional 2014-2018 en México [un ejercicio doctrinal sin precedentes] se abordó el concepto de Seguridad Nacional desde una perspectiva multidimensional, lo que permitió incluir aspectos diversos que habían estado fuera de las concepciones más tradicionales en la materia.

Uno de esos aspectos, que recibe una fuerte mención en el Programa, tiene que ver con la transformación del sector energético global y su impacto en la seguridad energética de nuestro país.

En este sentido, el Programa estableció que México habría de hacer frente a un escenario mundial energético cambiante, donde uno de sus aspectos más relevantes va de la mano de la consolidación de EEUU como potencia exportadora tanto de petróleo y sus derivados como de gas natural.

México, cuya matriz energética depende en gran medida de la provisión de energéticos importados precisamente de EEUU (destaca el gas natural, vital para la generación de electricidad y motor de la planta industrial del país), tendría que enfrascarse en una transformación de su sector energético precisamente para reducir esa vulnerabilidad estratégica.

De tal suerte que, en consonancia con el Programa de Seguridad Nacional, se definió la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028, donde se plantea (quizás de manera muy general) como uno de los objetivos a largo plazo la “autonomía energética de México”.

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Así, la Estrategia Nacional de Energía planteó como prioridad el aprovechamiento de la recientemente aprobada Reforma Energética (2013) para acelerar inversiones públicas y privadas que diversificaran las opciones de provisión y transformación de energía; en pocas palabras, se busca detonar proyectos de infraestructura que, en un horizonte de 15 años aproximadamente, le permitan al país contar con una mejor seguridad energética de cara al futuro.

Si tomamos en cuenta que el concepto de seguridad energética se refiere al aseguramiento de recursos energéticos para consumo doméstico e industrial, a precios accesibles y sin detrimento de las generaciones futuras (sostenibilidad), el modelo de seguridad energética mexicano necesitaría de un influjo de capital sin precedente para proyectos tales como:

  1. Exploración y producción de petrolíferos, antes sólo en manos del Estado
  2. Transporte de petróleo y sus derivados, y de gas natural
  3. Generación de electricidad con gas natural, energía eólica, solar o geotérmica

 

Estos proyectos, tanto públicos como privados, sucederían bajo nuevas reglas de operación, todas enfocadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados con anterioridad.

Sin embargo, tanto el Programa de Seguridad Nacional como la Estrategia Nacional de Energía se enfrentan ahora con su aplicación a la realidad, y es ahí donde el escenario social, político y de seguridad presentan un reto formidable para cumplir con dichos objetivos.

Dicho de otra forma, si se requiere cumplir con lo expresado en el Programa de Seguridad Nacional y la Estrategia Nacional de Energía en cuanto a seguridad energética, los proyectos de infraestructura en la materia deberán aterrizarse en medio de un entorno complejo, evolutivo y sumamente demandante.

¿Pero cómo puede entenderse ese entorno de manera efectiva? ¿cómo pueden preverse mecanismos que reduzcan los riesgos para dichos proyectos y permitan cumplir los objetivos? ¿qué factores mínimos deben considerarse al momento de hacer un “assessment de entorno”?

Aquí comparto algunas reflexiones.

 

La importancia del entorno operacional

En los últimos años, he tenido la oportunidad de apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura energética vitales para nuestro país.

En ello, he sido testigo de la enorme complejidad que conlleva diseñar, construir y poner en operación proyectos de gran magnitud, algunos de los cuales rebasan los cientos de millones de dólares y significan un impacto en la vida de regiones enteras hacia muy entrado el futuro.

Sin embargo, la complejidad técnica de estos proyectos palidece frente a factores externos del entorno, aquellos definidos por variables sociales, políticas y de seguridad que, en muchos de los casos, terminan por hacer fracasar –o al menos frenar- las inversiones.

La complejidad del entorno operacional es, a todas luces, el mayor reto para la sostenibilidad de los proyectos energéticos, no importando si su naturaleza es pública o privada.

Pero qué entendemos por entorno operacional: se trata del conjunto de condiciones externas objetivas (físicas) y subjetivas (cultura, tradiciones) que impactan directa o indirectamente en la sostenibilidad de las operaciones.

De tal suerte que, idealmente desde el proceso de planeación, todo proyecto de infraestructura energética debe definir y entender con claridad la naturaleza del entorno, los impactos posibles del mismo sobre la operación (escenarios) y la interacción de los actores involucrados con dicho entorno.

Existen diversas herramientas metodológicas para identificar y ponderar correctamente el entorno, pero todas deben tomar en cuenta al menos los siguientes elementos:

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Más no basta con identificar los factores anteriormente mencionados, sino que éstos deben ser entendidos como parte de un sistema evolutivo y cambiante; uno donde convergen todas las variables y cuya interacción produce un resultado que impacta en la sostenibilidad del proyecto.

El siguiente recuadro ejemplifica precisamente lo anterior, pues se trata de la modelación sistémica del entorno que rodea un proyecto energético real.

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Sistema de entorno operacional de un proyecto energético tipo

 

El sistema permite identificar variables de causa-efecto, todas ellas alrededor del elemento central en cuestión, definido en este mapa como “viabilidad del proyecto”.

Como puede observarse, se han tomado en consideración variables sociales, políticas y de seguridad previamente identificadas en el assessment de entorno.

El siguiente paso es quizás el más importante, pues consiste en agrupar aquellas variables de acuerdo a la naturaleza de su origen, lo que permite determinar cuáles revisten de carácter estratégico y qué curso de acción habrá de definirse para incidir positivamente en el éxito del proyecto.

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Agrupación de variables por su naturaleza y ámbito de actuación. Identificación de Centro de Gravedad del Sistema.

 

Este último recuadro muestra los dos ámbitos de actuación para cada grupo de variables (Gestión de Riesgos y Gestión Social), además de la variable principal de todo el sistema de entorno, que funge como centro de gravedad del mismo: “recursos financieros del grupo disruptivo”.

 

Reflexiones finales

El correcto entendimiento del entorno es, como se ha dicho con anterioridad, un proceso de suma importancia para asegurar la sostenibilidad de los proyectos energéticos, enfrascados en entornos complejos que, de no atenderse oportunamente, presentan un riesgo latente para el cumplimiento de los objetivos.

En este sentido, si México se plantea seriamente avanzar en materia de seguridad energética (como parte fundamental de su estrategia de seguridad nacional), lo cierto es que no bastará con impulsar cuantiosas inversiones en el sector, mientras no se valore el papel que juega el entorno socio-político en materializar dichas inversiones.

 

Se recomienda:

Chanona, Alejandro. Confrontando modelos de seguridad energética. UNAM 2013.

 

 

 

Donald Trump y la oportunidad de un pensamiento estratégico

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Mapa de integración norteamericana, del fascinante libro Connectography, de Parag Khana.

 

La victoria –e inminente llegada- de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos ha caído como un balde de agua fría para muchos analistas de política internacional, quienes no logran explicar(se) todavía los factores que determinaron el resultado de la más controversial elección presidencia de aquel país en décadas.

Para el caso mexicano, sobra decir que las consecuencias previsibles de la Presidencia Trump se antojan, por decir lo menos, sumamente complejas pues representan un reto monumental que demandará del ejercicio de una política internacional asertiva, inteligente y con visión de largo plazo.

Sin embargo, hasta ahora los analistas se han centrado en los efectos a corto plazo que traería el resultado de esta elección –lo que es entendible dado lo “inesperado” del suceso- pero han dejado de lado los cuestionamientos más estratégicos que deberían recibir una atención profunda y minuciosa.

De pronto el calor del debate político no nos permite ver más allá de la coyuntura, algo similar al concepto de la “niebla de la guerra” de la que tanto hablara Clausewitz en el siglo XIX. Parafraseando –y adaptándonos- al teórico y militar prusiano,  se trata de la conjugación de factores inesperados con variables cambiantes y evolutivas las que nublan nuestra visión sobre el escenario estratégico que se avecina.

En ese sentido, me temo que algunas de las preguntas estratégicas que debiésemos estar planteándonos son:

¿Cuáles serían los efectos de una Presidencia Trump en la consecución de los intereses y objetivos nacionales mexicanos? ¿cómo impactaría una hipotética política internacional americana de corte conservador y aislacionista en la relación entre México y EEUU? ¿cómo abordaría México los enormes retos en seguridad y defensa que son evolutivos, adaptativos y complejos, y que no pueden afrontarse de manera unilateral? ¿Qué efectos sufrirá el proceso de integración de América del Norte, un ejercicio geopolítico que busca convertir a la región en una plataforma político-económica competitiva frente al escenario global?

De todas las preguntas anteriores, quizás la más difícil de responder tiene que ver con el impacto de la Administración Trump en los intereses y objetivos nacionales mexicanos, por la razón de que nuestro país, en primera instancia, carece de una “Gran Estrategia” que clarifique –o al menos vislumbre- la dirección de los diversos instrumentos del Estado de cara al futuro.

Si consideramos que la Gran Estrategia es, en términos resumidos, el proceso de articulación del poder nacional para la consecución de los objetivos nacionales, quizás la llegada de Trump a la Casa Blanca sirva como acicate para que México comience, de una vez por todas, a plantearse con seriedad cuál es el futuro al que aspira y cómo piensa articular sus diversos elementos de poder estatal para conseguirlo.

De hecho, la planteamiento de esta Gran Estrategia Mexicana ya se ha abordado con cierta profundidad por teóricos estadounidenses –como George Friedman, que retoma el pensamiento de Robert D. Kaplan– quienes han argumentado que México busca, en el muy largo plazo, la recuperación del territorio perdido en el siglo XIX e incluso contenderle a EEUU su hegemonía regional.

Nada más ridículo y alejado de la realidad, pero lo cierto es que en nuestro país todavía no se ha desarrollado un debate teórico y político que permita definir una Gran Estrategia inteligente, realista y asequible.

Soy de la idea de que uno de los grandes objetivos nacionales mexicanos es la integración de América del Norte en un bloque político y económico fuerte, uno que permita a nuestros tres países enfrentar los enormes retos compartidos del siglo XXI: competitividad y desarrollo económico, seguridad y defensa regional, integración energética, migración, entre otros.

Por lo anterior, la Gran Estrategia mexicana debería apuntar, así lo creo, a la construcción de ese bloque norteamericano, enfocando los diversos elementos del poder nacional hacia ello.

Insisto en que la llegada de Trump a la Presidencia de EEUU puede servir de pretexto para comenzar en nuestro país un debate serio en la materia, uno que requiere de inteligencia y liderazgo desde el poder político, y apertura y prospectiva de académicos y especialistas.

Dejemos pues que la niebla se disipe o, mejor aún, comencemos a imaginar  -¿diseñar?- un futuro estratégico más allá de la incertidumbre.

La oportunidad histórica está ahí, y la llegada de Trump bien pudiera tener ese efecto positivo.

Pd. Para una revisión más profunda de la evolución del concepto de Gran Estrategia, recomendamos “The Evolution of Grand Strategic Thought”, de Lukas Milevski.

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Coming interview on Mexico’s involvement in Peacekeeping Operations

Some days ago, we bought this book at the Mexican Navy Center for Higher Studies.

Introduction to Peacekeeping Operations, Author: Alfonso J. Motta Allen

 

The author, a former Mexican Navy officer and Dalhousie University PhD. in International Relations, is a well regarded expert in National Security and United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO).
Next week, MXSECURITY will interview Mr. Motta on Mexico’s future involvement in UNPKO.
 You can send your questions by posting them on the “comments” section.
Till next week.
MXSECURITY Staff.

Mexican Navy 2009-2010 Review

The Mexican Navy 2009-2010 Review contains key information regarding the Navy’s operations, equipment acquisitions and institutional development projects of the last fiscal year.

I summarized the most important features of the 100-page document here:

International Cooperation Agreements:

 • Signals and Satellite Intelligence Cooperation Agreement with the Colombian Ministry of Defense.

• Trilateral Conference (Mexican, US and Colombian navies) on sea-based counter-drug trafficking operations.

• Intelligence and Hemispheric Security Conference in San Juan, Puerto Rico organized by the US North and South Commands.

• Joint Communications Agreement with the US Navy and the US Coast Guard.

Naval Operations, Training and Modernization Projects

• Tactical Intelligence and Urban Warfare Training Course along with the US Marine Corps.

• Special Operations Training Course along with the US Navy Seals and US Marine Corps Special Operations Command.

• Joint Operations Agreement between the Navy Command and Control Room and the Air Force’s Aerial and Radar Surveillance System.

• Computer Hacking Forensic Investigator Course for the Naval Center for Higher Studies’ Faculty.

• Implementation of a Network-Centric Warfare System to effectively link the navy’s Command and Control Rooms with surface, air and land operational units.

The last one is perhaps the most ambitious project in the institution. Its goal is to connect all vessels, airplanes and infantry units with the Command and Control Centers that the Navy is installing all along the country.

The entire document is worth reading…hope you find the time. Click here.

Countering system disruptions: concepts and lessons

In MXSECURITY we have constantly warned about the increasing threat of system disruption techniques by Drug Trafficking Organizations (DTOs).

On May 17th, we pointed out that DTOs could eventually target critical urban infrastructure such as electric power lines, communication hubs or key highways in Mexico’s major cities.

By then DTOs had already disrupted large cities such as Monterrey or even Mexico City, by blocking the cities’ main highways with barricades. However, as we then said, the complexity of the system disruption techniques used by the drug gangs would eventually increase.

In Monterrey for instance, DTOs have started to attack electric power hubs as a clear intent to cause major blackouts. It is not yet clear if these attacks have been successful so far, since local authorities have remained silent on this topic. Nevertheless, similar reports have emerged in the neighboring state of Tamaulipas, where drug gangs related to Los Zetas organization are believed to have caused major damages to small-sized electric stations.

We should not ask ourselves if these attacks will get more complex in the upcoming future –they certainly will, but how can local governments effectively tackle them.

During the past week, local and state authorities in Monterrey announced the creation of the so called “anti-blockade enforcement groups”, comprised of state and municipal policemen with helicopter support. The idea is not bad at all; however since local police forces are deeply corrupted by DTOs, the success of the entire anti-blockade strategy is yet to be seen.

Perhaps local authorities should look at international experiences were criminal syndicates have used similar system disruption tactics.

Sao Paulo, Brazil could be a good example.

During 2006 the Primeiro Comando da Capital, or PCC (First Command of the Capital), a Brazilian criminal syndicate that first started to control local penitentiaries and then moved to a wider scope of illegal activities, attacked the city of Sao Paulo. The PCC hijacked public transport buses and burned them in the middle of the city’s main highways. Schools and government buildings were closed, transportation was halted and several banks robbed.

Throughout several days, Sao Paulo experienced a series of system disruption attacks that collapsed its entire economic and social life.

Lessons drawn from this experience point out two main operational concepts regarding the PCC’s capabilities:

Mobility: The PCC used small commandos that simultaneously committed the attacks, making it harder to police forces to respond.

Network-centric communications: The gang-style commandos did not use different communication systems. Instead they communicated with each other and received orders by cell phone. It’s been said that police forces in Sao Paulo did use different communication channels -radios with diverse frequencies- that further complicated their response.

While the PCC had an agile and “networked structure”, police forces were disperse.

In regard to system disruption tactics, the Sao Paulo experience shows us that police and military forces must have a clear command-and-control structure, operate under a network-centric communications system and assure mobility (active helicopter support instead of a passive one).

The anti-blockade enforcement groups created in Monterrey should learn from the Sao Paulo experience. It is not enough to assemble such groups if they don’t operate under a comprehensive, network-centric strategy.

If these anti-blockade groups operate with different communication systems, lack a clear command-and-control structure and have a passive helicopter support, they’ll simply fail

The increasing threat of System Disruptions

Some days ago we discussed about the increasing threat of system disruption techniques by Drug Trafficking and Organized Crime Syndicates.

As we stated before, system disruption tactics have been used by guerrilla groups and labor unions to destabilize large urban centers -such as Mexico City- by sabotaging critical electricity hubs or attacking gas pipelines.

On May 17th, MXSECURITY warned that…

While these attacks have been political-motivated so far, they present a serious challenge to Mexico’s National Security in the context of the war against drugs and organized crime”.

We also stated that…

 “In MXSECURITY we believe that there is a possibility that DTO’s could eventually attack critical urban infrastructure within Mexico’s most important cities”.

Well, two days ago Mexico City experienced a series of system disruption attacks organized by criminal gangs from the Barrio de Tepito, the city’s most dangerous crime hub.

Street Blockade (Picture: El Universal)

Hundreds of people -arguing that criminal gangs were kidnapping children in the barrio– blocked several streets and paralyzed traffic for more than 24 hours.

Although the protests would appear fair –the social demands seemed that way- it is now clear that criminal organizations orchestrated them in order to reassert their controlled territories.

The use of civilians to attack critical infrastructure under a social umbrella is a common practice in system disruption strategies for it complicates the response of police and security forces.

In MXSECURITY we still believe that system disruptions actions will keep rising as long as criminal organizations learn how effective –and relatively easy- these tactics are.

Security forces –mostly in the local level- should not underestimate this.