Construyendo entornos de seguridad resilientes

Pluma invitada:

Khublai Villafuerte, Consultor Senior en Riskop y maestro en prospectiva estratégica

Puede seguirlo en Twitter como: @Khu_89

 

Las FFAA han sido punta de lanza para las estrategias de recuperación territorial en México. Ya sea en los estados de Michoacán, Tamaulipas o Nuevo León, se les ha encomendado la tarea de retomar regiones, ciudades e incluso estados donde el crimen organizado, por la escala y alcance de sus actividades, adquirió características más similares a las de una insurgencia, infiltrando y acaparando espacios en las estructuras económicas, sociales, políticas y de seguridad.

Hoy, precisamente cuando se discute en el estamento político la necesidad de regular (lo que ello signifique) la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior, entender la complejidad de los procesos de recuperación territorial es vital.

Tanto la Marina como el Ejercito Mexicano han logrado en mayor o menor medida contener y controlar a estos grupos, atomizando a los grandes carteles. Esto dio pie a la creación de bandas criminales y nuevos grupos de menor tamaño y mayor movilidad, como es el caso del Cartel Jalisco Nueva Generación que progresivamente ha ocupado las plazas dejadas por Los Caballeros Templarios en Michoacán. A su vez, pandillas o escisiones de los otrora grandes carteles han intentado (y logrado) retomar espacios estratégicos como el Puerto de Lázaro Cárdenas, zonas dentro del Área Metropolitana de Monterrey o algunas ciudades de la frontera norte.

A pesar de este escenario, seria un error decir que los operativos pasados fueron de poca utilidad ya que cumplieron con el objetivo de debilitar y disruptir la estructura y actividades de los grupos criminales. Sin embargo, las zonas donde operaron se volvieron dependientes de las FFAA y nunca se articularon instituciones de seguridad sólidas ni se atacaron las causas que propiciaron el surgimiento y fortalecimiento de grupos criminales.

En un principio, se lograron contener y controlar los efectos del crimen organizado, sin preocuparse de construir un entorno de seguridad resiliente, que pudiera, en largo plazo, impedir, neutralizar o minimizar los efectos de una más que posible reaparición de este tipo de agrupaciones. Sin una estrategia robusta y multidisciplinaria que capitalice los esfuerzos de las FFAA, se falla en atender el origen del problema.

El reto no es menor y para entender la complejidad del fenómeno se presenta el siguiente diagrama de relaciones causales:

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Una estrategia orientada solamente a debilitar los efectos de movimientos insurgentes o criminales -la inseguridad- falla en implementar una solución de largo plazo ya que no atiende las condiciones socioeconómicas que propician su aparición. De esta forma, la única arma con la que cuenta el Estado es un recurso limitado: la incursión de las fuerzas armadas (en operaciones con características de contra-insurgencia). Si bien estas generan un estado de relativa paz y seguridad mediata, en el mediano y largo plazo las FFAA están destinadas a retirarse, ya sea porque se les requiere en otras zonas con niveles de violencia mayores o por falta de recursos. Sin estas se genera un vacío institucional que propicia el regreso del sistema a la condición inicial: violencia generalizada, instituciones infiltradas y una sociedad alienada.

Para evitar esto y generar un entorno resiliente es necesario capitalizar las operaciones contra los grupos criminales ya que el estado de paz y seguridad propicia: 1) La recuperación de la legitimidad del aparato estatal y mejora de su imagen ante círculos estratégicos de la sociedad (ONGs, academia y empresarios); 2) Un mayor apoyo de la población hacia el Estado (a partir de los anterior) y; 3)  un margen de maniobra para incluir otras instituciones y sectores de la sociedad tradicionalmente apartados del proceso de política pública.

Una vez que se cuente con estas condiciones se puede establecer una estrategia de recuperación del territorio, donde diversas instituciones gubernamentales (no sólo de seguridad) y de la sociedad civil intervengan en temas de desarrollo económico, urbanismo, violencia intrafamiliar o incluso cuestiones de salud como la depresión. Es necesario recordar que los grupos criminales han logrado fortalecerse sobre todo en lugares donde el acceso a condiciones de legalidad, formalidad y educación no son una opción viable, atractiva o simplemente, no existen; atenderlas es, por lo tanto, la única forma de evitar su reaparición.

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Así pues, se pasa de tener una estrategia cortoplacista que sólo contiene y controla a los grupos criminales, a una de largo plazo, que recupera efectivamente la colonia, la ciudad o la región y permite que se creen en él condiciones propicias al desarrollo individual, comunitario y social. Sólo de esta forma es que se logrará atacar la causa raíz detrás del surgimiento de movimientos cuasi-insurgentes que acaparan las estructuras de una sociedad, sólo así se dejaría de depender de las incursiones esporádicas del ejercito y la marina, sólo así crearemos un modelo de sociedad sostenible y resiliente a los embates de quienes no comparten una agenda y lógica de consenso y progreso.

Se recomienda:

John D. Sternman . (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: MassachusettsInstitute of Technology Sloan School of Management.

Infraestructura Energética y Vulnerabilidades Críticas: la importancia del entorno operacional

Cuando se planteó el Programa de Seguridad Nacional 2014-2018 en México [un ejercicio doctrinal sin precedentes] se abordó el concepto de Seguridad Nacional desde una perspectiva multidimensional, lo que permitió incluir aspectos diversos que habían estado fuera de las concepciones más tradicionales en la materia.

Uno de esos aspectos, que recibe una fuerte mención en el Programa, tiene que ver con la transformación del sector energético global y su impacto en la seguridad energética de nuestro país.

En este sentido, el Programa estableció que México habría de hacer frente a un escenario mundial energético cambiante, donde uno de sus aspectos más relevantes va de la mano de la consolidación de EEUU como potencia exportadora tanto de petróleo y sus derivados como de gas natural.

México, cuya matriz energética depende en gran medida de la provisión de energéticos importados precisamente de EEUU (destaca el gas natural, vital para la generación de electricidad y motor de la planta industrial del país), tendría que enfrascarse en una transformación de su sector energético precisamente para reducir esa vulnerabilidad estratégica.

De tal suerte que, en consonancia con el Programa de Seguridad Nacional, se definió la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028, donde se plantea (quizás de manera muy general) como uno de los objetivos a largo plazo la “autonomía energética de México”.

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Así, la Estrategia Nacional de Energía planteó como prioridad el aprovechamiento de la recientemente aprobada Reforma Energética (2013) para acelerar inversiones públicas y privadas que diversificaran las opciones de provisión y transformación de energía; en pocas palabras, se busca detonar proyectos de infraestructura que, en un horizonte de 15 años aproximadamente, le permitan al país contar con una mejor seguridad energética de cara al futuro.

Si tomamos en cuenta que el concepto de seguridad energética se refiere al aseguramiento de recursos energéticos para consumo doméstico e industrial, a precios accesibles y sin detrimento de las generaciones futuras (sostenibilidad), el modelo de seguridad energética mexicano necesitaría de un influjo de capital sin precedente para proyectos tales como:

  1. Exploración y producción de petrolíferos, antes sólo en manos del Estado
  2. Transporte de petróleo y sus derivados, y de gas natural
  3. Generación de electricidad con gas natural, energía eólica, solar o geotérmica

 

Estos proyectos, tanto públicos como privados, sucederían bajo nuevas reglas de operación, todas enfocadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados con anterioridad.

Sin embargo, tanto el Programa de Seguridad Nacional como la Estrategia Nacional de Energía se enfrentan ahora con su aplicación a la realidad, y es ahí donde el escenario social, político y de seguridad presentan un reto formidable para cumplir con dichos objetivos.

Dicho de otra forma, si se requiere cumplir con lo expresado en el Programa de Seguridad Nacional y la Estrategia Nacional de Energía en cuanto a seguridad energética, los proyectos de infraestructura en la materia deberán aterrizarse en medio de un entorno complejo, evolutivo y sumamente demandante.

¿Pero cómo puede entenderse ese entorno de manera efectiva? ¿cómo pueden preverse mecanismos que reduzcan los riesgos para dichos proyectos y permitan cumplir los objetivos? ¿qué factores mínimos deben considerarse al momento de hacer un “assessment de entorno”?

Aquí comparto algunas reflexiones.

 

La importancia del entorno operacional

En los últimos años, he tenido la oportunidad de apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura energética vitales para nuestro país.

En ello, he sido testigo de la enorme complejidad que conlleva diseñar, construir y poner en operación proyectos de gran magnitud, algunos de los cuales rebasan los cientos de millones de dólares y significan un impacto en la vida de regiones enteras hacia muy entrado el futuro.

Sin embargo, la complejidad técnica de estos proyectos palidece frente a factores externos del entorno, aquellos definidos por variables sociales, políticas y de seguridad que, en muchos de los casos, terminan por hacer fracasar –o al menos frenar- las inversiones.

La complejidad del entorno operacional es, a todas luces, el mayor reto para la sostenibilidad de los proyectos energéticos, no importando si su naturaleza es pública o privada.

Pero qué entendemos por entorno operacional: se trata del conjunto de condiciones externas objetivas (físicas) y subjetivas (cultura, tradiciones) que impactan directa o indirectamente en la sostenibilidad de las operaciones.

De tal suerte que, idealmente desde el proceso de planeación, todo proyecto de infraestructura energética debe definir y entender con claridad la naturaleza del entorno, los impactos posibles del mismo sobre la operación (escenarios) y la interacción de los actores involucrados con dicho entorno.

Existen diversas herramientas metodológicas para identificar y ponderar correctamente el entorno, pero todas deben tomar en cuenta al menos los siguientes elementos:

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Más no basta con identificar los factores anteriormente mencionados, sino que éstos deben ser entendidos como parte de un sistema evolutivo y cambiante; uno donde convergen todas las variables y cuya interacción produce un resultado que impacta en la sostenibilidad del proyecto.

El siguiente recuadro ejemplifica precisamente lo anterior, pues se trata de la modelación sistémica del entorno que rodea un proyecto energético real.

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Sistema de entorno operacional de un proyecto energético tipo

 

El sistema permite identificar variables de causa-efecto, todas ellas alrededor del elemento central en cuestión, definido en este mapa como “viabilidad del proyecto”.

Como puede observarse, se han tomado en consideración variables sociales, políticas y de seguridad previamente identificadas en el assessment de entorno.

El siguiente paso es quizás el más importante, pues consiste en agrupar aquellas variables de acuerdo a la naturaleza de su origen, lo que permite determinar cuáles revisten de carácter estratégico y qué curso de acción habrá de definirse para incidir positivamente en el éxito del proyecto.

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Agrupación de variables por su naturaleza y ámbito de actuación. Identificación de Centro de Gravedad del Sistema.

 

Este último recuadro muestra los dos ámbitos de actuación para cada grupo de variables (Gestión de Riesgos y Gestión Social), además de la variable principal de todo el sistema de entorno, que funge como centro de gravedad del mismo: “recursos financieros del grupo disruptivo”.

 

Reflexiones finales

El correcto entendimiento del entorno es, como se ha dicho con anterioridad, un proceso de suma importancia para asegurar la sostenibilidad de los proyectos energéticos, enfrascados en entornos complejos que, de no atenderse oportunamente, presentan un riesgo latente para el cumplimiento de los objetivos.

En este sentido, si México se plantea seriamente avanzar en materia de seguridad energética (como parte fundamental de su estrategia de seguridad nacional), lo cierto es que no bastará con impulsar cuantiosas inversiones en el sector, mientras no se valore el papel que juega el entorno socio-político en materializar dichas inversiones.

 

Se recomienda:

Chanona, Alejandro. Confrontando modelos de seguridad energética. UNAM 2013.