Construyendo entornos de seguridad resilientes

Pluma invitada:

Khublai Villafuerte, Consultor Senior en Riskop y maestro en prospectiva estratégica

Puede seguirlo en Twitter como: @Khu_89

 

Las FFAA han sido punta de lanza para las estrategias de recuperación territorial en México. Ya sea en los estados de Michoacán, Tamaulipas o Nuevo León, se les ha encomendado la tarea de retomar regiones, ciudades e incluso estados donde el crimen organizado, por la escala y alcance de sus actividades, adquirió características más similares a las de una insurgencia, infiltrando y acaparando espacios en las estructuras económicas, sociales, políticas y de seguridad.

Hoy, precisamente cuando se discute en el estamento político la necesidad de regular (lo que ello signifique) la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior, entender la complejidad de los procesos de recuperación territorial es vital.

Tanto la Marina como el Ejercito Mexicano han logrado en mayor o menor medida contener y controlar a estos grupos, atomizando a los grandes carteles. Esto dio pie a la creación de bandas criminales y nuevos grupos de menor tamaño y mayor movilidad, como es el caso del Cartel Jalisco Nueva Generación que progresivamente ha ocupado las plazas dejadas por Los Caballeros Templarios en Michoacán. A su vez, pandillas o escisiones de los otrora grandes carteles han intentado (y logrado) retomar espacios estratégicos como el Puerto de Lázaro Cárdenas, zonas dentro del Área Metropolitana de Monterrey o algunas ciudades de la frontera norte.

A pesar de este escenario, seria un error decir que los operativos pasados fueron de poca utilidad ya que cumplieron con el objetivo de debilitar y disruptir la estructura y actividades de los grupos criminales. Sin embargo, las zonas donde operaron se volvieron dependientes de las FFAA y nunca se articularon instituciones de seguridad sólidas ni se atacaron las causas que propiciaron el surgimiento y fortalecimiento de grupos criminales.

En un principio, se lograron contener y controlar los efectos del crimen organizado, sin preocuparse de construir un entorno de seguridad resiliente, que pudiera, en largo plazo, impedir, neutralizar o minimizar los efectos de una más que posible reaparición de este tipo de agrupaciones. Sin una estrategia robusta y multidisciplinaria que capitalice los esfuerzos de las FFAA, se falla en atender el origen del problema.

El reto no es menor y para entender la complejidad del fenómeno se presenta el siguiente diagrama de relaciones causales:

entorno-resiliente-1

 

Una estrategia orientada solamente a debilitar los efectos de movimientos insurgentes o criminales -la inseguridad- falla en implementar una solución de largo plazo ya que no atiende las condiciones socioeconómicas que propician su aparición. De esta forma, la única arma con la que cuenta el Estado es un recurso limitado: la incursión de las fuerzas armadas (en operaciones con características de contra-insurgencia). Si bien estas generan un estado de relativa paz y seguridad mediata, en el mediano y largo plazo las FFAA están destinadas a retirarse, ya sea porque se les requiere en otras zonas con niveles de violencia mayores o por falta de recursos. Sin estas se genera un vacío institucional que propicia el regreso del sistema a la condición inicial: violencia generalizada, instituciones infiltradas y una sociedad alienada.

Para evitar esto y generar un entorno resiliente es necesario capitalizar las operaciones contra los grupos criminales ya que el estado de paz y seguridad propicia: 1) La recuperación de la legitimidad del aparato estatal y mejora de su imagen ante círculos estratégicos de la sociedad (ONGs, academia y empresarios); 2) Un mayor apoyo de la población hacia el Estado (a partir de los anterior) y; 3)  un margen de maniobra para incluir otras instituciones y sectores de la sociedad tradicionalmente apartados del proceso de política pública.

Una vez que se cuente con estas condiciones se puede establecer una estrategia de recuperación del territorio, donde diversas instituciones gubernamentales (no sólo de seguridad) y de la sociedad civil intervengan en temas de desarrollo económico, urbanismo, violencia intrafamiliar o incluso cuestiones de salud como la depresión. Es necesario recordar que los grupos criminales han logrado fortalecerse sobre todo en lugares donde el acceso a condiciones de legalidad, formalidad y educación no son una opción viable, atractiva o simplemente, no existen; atenderlas es, por lo tanto, la única forma de evitar su reaparición.

entorno resilient2 .png

 

Así pues, se pasa de tener una estrategia cortoplacista que sólo contiene y controla a los grupos criminales, a una de largo plazo, que recupera efectivamente la colonia, la ciudad o la región y permite que se creen en él condiciones propicias al desarrollo individual, comunitario y social. Sólo de esta forma es que se logrará atacar la causa raíz detrás del surgimiento de movimientos cuasi-insurgentes que acaparan las estructuras de una sociedad, sólo así se dejaría de depender de las incursiones esporádicas del ejercito y la marina, sólo así crearemos un modelo de sociedad sostenible y resiliente a los embates de quienes no comparten una agenda y lógica de consenso y progreso.

Se recomienda:

John D. Sternman . (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: MassachusettsInstitute of Technology Sloan School of Management.

Infraestructura Energética y Vulnerabilidades Críticas: la importancia del entorno operacional

Cuando se planteó el Programa de Seguridad Nacional 2014-2018 en México [un ejercicio doctrinal sin precedentes] se abordó el concepto de Seguridad Nacional desde una perspectiva multidimensional, lo que permitió incluir aspectos diversos que habían estado fuera de las concepciones más tradicionales en la materia.

Uno de esos aspectos, que recibe una fuerte mención en el Programa, tiene que ver con la transformación del sector energético global y su impacto en la seguridad energética de nuestro país.

En este sentido, el Programa estableció que México habría de hacer frente a un escenario mundial energético cambiante, donde uno de sus aspectos más relevantes va de la mano de la consolidación de EEUU como potencia exportadora tanto de petróleo y sus derivados como de gas natural.

México, cuya matriz energética depende en gran medida de la provisión de energéticos importados precisamente de EEUU (destaca el gas natural, vital para la generación de electricidad y motor de la planta industrial del país), tendría que enfrascarse en una transformación de su sector energético precisamente para reducir esa vulnerabilidad estratégica.

De tal suerte que, en consonancia con el Programa de Seguridad Nacional, se definió la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028, donde se plantea (quizás de manera muy general) como uno de los objetivos a largo plazo la “autonomía energética de México”.

screen-shot-2016-12-09-at-10-22-21-am

 

Así, la Estrategia Nacional de Energía planteó como prioridad el aprovechamiento de la recientemente aprobada Reforma Energética (2013) para acelerar inversiones públicas y privadas que diversificaran las opciones de provisión y transformación de energía; en pocas palabras, se busca detonar proyectos de infraestructura que, en un horizonte de 15 años aproximadamente, le permitan al país contar con una mejor seguridad energética de cara al futuro.

Si tomamos en cuenta que el concepto de seguridad energética se refiere al aseguramiento de recursos energéticos para consumo doméstico e industrial, a precios accesibles y sin detrimento de las generaciones futuras (sostenibilidad), el modelo de seguridad energética mexicano necesitaría de un influjo de capital sin precedente para proyectos tales como:

  1. Exploración y producción de petrolíferos, antes sólo en manos del Estado
  2. Transporte de petróleo y sus derivados, y de gas natural
  3. Generación de electricidad con gas natural, energía eólica, solar o geotérmica

 

Estos proyectos, tanto públicos como privados, sucederían bajo nuevas reglas de operación, todas enfocadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados con anterioridad.

Sin embargo, tanto el Programa de Seguridad Nacional como la Estrategia Nacional de Energía se enfrentan ahora con su aplicación a la realidad, y es ahí donde el escenario social, político y de seguridad presentan un reto formidable para cumplir con dichos objetivos.

Dicho de otra forma, si se requiere cumplir con lo expresado en el Programa de Seguridad Nacional y la Estrategia Nacional de Energía en cuanto a seguridad energética, los proyectos de infraestructura en la materia deberán aterrizarse en medio de un entorno complejo, evolutivo y sumamente demandante.

¿Pero cómo puede entenderse ese entorno de manera efectiva? ¿cómo pueden preverse mecanismos que reduzcan los riesgos para dichos proyectos y permitan cumplir los objetivos? ¿qué factores mínimos deben considerarse al momento de hacer un “assessment de entorno”?

Aquí comparto algunas reflexiones.

 

La importancia del entorno operacional

En los últimos años, he tenido la oportunidad de apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura energética vitales para nuestro país.

En ello, he sido testigo de la enorme complejidad que conlleva diseñar, construir y poner en operación proyectos de gran magnitud, algunos de los cuales rebasan los cientos de millones de dólares y significan un impacto en la vida de regiones enteras hacia muy entrado el futuro.

Sin embargo, la complejidad técnica de estos proyectos palidece frente a factores externos del entorno, aquellos definidos por variables sociales, políticas y de seguridad que, en muchos de los casos, terminan por hacer fracasar –o al menos frenar- las inversiones.

La complejidad del entorno operacional es, a todas luces, el mayor reto para la sostenibilidad de los proyectos energéticos, no importando si su naturaleza es pública o privada.

Pero qué entendemos por entorno operacional: se trata del conjunto de condiciones externas objetivas (físicas) y subjetivas (cultura, tradiciones) que impactan directa o indirectamente en la sostenibilidad de las operaciones.

De tal suerte que, idealmente desde el proceso de planeación, todo proyecto de infraestructura energética debe definir y entender con claridad la naturaleza del entorno, los impactos posibles del mismo sobre la operación (escenarios) y la interacción de los actores involucrados con dicho entorno.

Existen diversas herramientas metodológicas para identificar y ponderar correctamente el entorno, pero todas deben tomar en cuenta al menos los siguientes elementos:

tabla-de-entorno

Más no basta con identificar los factores anteriormente mencionados, sino que éstos deben ser entendidos como parte de un sistema evolutivo y cambiante; uno donde convergen todas las variables y cuya interacción produce un resultado que impacta en la sostenibilidad del proyecto.

El siguiente recuadro ejemplifica precisamente lo anterior, pues se trata de la modelación sistémica del entorno que rodea un proyecto energético real.

sistema-1
Sistema de entorno operacional de un proyecto energético tipo

 

El sistema permite identificar variables de causa-efecto, todas ellas alrededor del elemento central en cuestión, definido en este mapa como “viabilidad del proyecto”.

Como puede observarse, se han tomado en consideración variables sociales, políticas y de seguridad previamente identificadas en el assessment de entorno.

El siguiente paso es quizás el más importante, pues consiste en agrupar aquellas variables de acuerdo a la naturaleza de su origen, lo que permite determinar cuáles revisten de carácter estratégico y qué curso de acción habrá de definirse para incidir positivamente en el éxito del proyecto.

sitema-2
Agrupación de variables por su naturaleza y ámbito de actuación. Identificación de Centro de Gravedad del Sistema.

 

Este último recuadro muestra los dos ámbitos de actuación para cada grupo de variables (Gestión de Riesgos y Gestión Social), además de la variable principal de todo el sistema de entorno, que funge como centro de gravedad del mismo: “recursos financieros del grupo disruptivo”.

 

Reflexiones finales

El correcto entendimiento del entorno es, como se ha dicho con anterioridad, un proceso de suma importancia para asegurar la sostenibilidad de los proyectos energéticos, enfrascados en entornos complejos que, de no atenderse oportunamente, presentan un riesgo latente para el cumplimiento de los objetivos.

En este sentido, si México se plantea seriamente avanzar en materia de seguridad energética (como parte fundamental de su estrategia de seguridad nacional), lo cierto es que no bastará con impulsar cuantiosas inversiones en el sector, mientras no se valore el papel que juega el entorno socio-político en materializar dichas inversiones.

 

Se recomienda:

Chanona, Alejandro. Confrontando modelos de seguridad energética. UNAM 2013.

 

 

 

Donald Trump y la oportunidad de un pensamiento estratégico

Screen Shot 2016-11-10 at 10.33.04 AM.png
Mapa de integración norteamericana, del fascinante libro Connectography, de Parag Khana.

 

La victoria –e inminente llegada- de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos ha caído como un balde de agua fría para muchos analistas de política internacional, quienes no logran explicar(se) todavía los factores que determinaron el resultado de la más controversial elección presidencia de aquel país en décadas.

Para el caso mexicano, sobra decir que las consecuencias previsibles de la Presidencia Trump se antojan, por decir lo menos, sumamente complejas pues representan un reto monumental que demandará del ejercicio de una política internacional asertiva, inteligente y con visión de largo plazo.

Sin embargo, hasta ahora los analistas se han centrado en los efectos a corto plazo que traería el resultado de esta elección –lo que es entendible dado lo “inesperado” del suceso- pero han dejado de lado los cuestionamientos más estratégicos que deberían recibir una atención profunda y minuciosa.

De pronto el calor del debate político no nos permite ver más allá de la coyuntura, algo similar al concepto de la “niebla de la guerra” de la que tanto hablara Clausewitz en el siglo XIX. Parafraseando –y adaptándonos- al teórico y militar prusiano,  se trata de la conjugación de factores inesperados con variables cambiantes y evolutivas las que nublan nuestra visión sobre el escenario estratégico que se avecina.

En ese sentido, me temo que algunas de las preguntas estratégicas que debiésemos estar planteándonos son:

¿Cuáles serían los efectos de una Presidencia Trump en la consecución de los intereses y objetivos nacionales mexicanos? ¿cómo impactaría una hipotética política internacional americana de corte conservador y aislacionista en la relación entre México y EEUU? ¿cómo abordaría México los enormes retos en seguridad y defensa que son evolutivos, adaptativos y complejos, y que no pueden afrontarse de manera unilateral? ¿Qué efectos sufrirá el proceso de integración de América del Norte, un ejercicio geopolítico que busca convertir a la región en una plataforma político-económica competitiva frente al escenario global?

De todas las preguntas anteriores, quizás la más difícil de responder tiene que ver con el impacto de la Administración Trump en los intereses y objetivos nacionales mexicanos, por la razón de que nuestro país, en primera instancia, carece de una “Gran Estrategia” que clarifique –o al menos vislumbre- la dirección de los diversos instrumentos del Estado de cara al futuro.

Si consideramos que la Gran Estrategia es, en términos resumidos, el proceso de articulación del poder nacional para la consecución de los objetivos nacionales, quizás la llegada de Trump a la Casa Blanca sirva como acicate para que México comience, de una vez por todas, a plantearse con seriedad cuál es el futuro al que aspira y cómo piensa articular sus diversos elementos de poder estatal para conseguirlo.

De hecho, la planteamiento de esta Gran Estrategia Mexicana ya se ha abordado con cierta profundidad por teóricos estadounidenses –como George Friedman, que retoma el pensamiento de Robert D. Kaplan– quienes han argumentado que México busca, en el muy largo plazo, la recuperación del territorio perdido en el siglo XIX e incluso contenderle a EEUU su hegemonía regional.

Nada más ridículo y alejado de la realidad, pero lo cierto es que en nuestro país todavía no se ha desarrollado un debate teórico y político que permita definir una Gran Estrategia inteligente, realista y asequible.

Soy de la idea de que uno de los grandes objetivos nacionales mexicanos es la integración de América del Norte en un bloque político y económico fuerte, uno que permita a nuestros tres países enfrentar los enormes retos compartidos del siglo XXI: competitividad y desarrollo económico, seguridad y defensa regional, integración energética, migración, entre otros.

Por lo anterior, la Gran Estrategia mexicana debería apuntar, así lo creo, a la construcción de ese bloque norteamericano, enfocando los diversos elementos del poder nacional hacia ello.

Insisto en que la llegada de Trump a la Presidencia de EEUU puede servir de pretexto para comenzar en nuestro país un debate serio en la materia, uno que requiere de inteligencia y liderazgo desde el poder político, y apertura y prospectiva de académicos y especialistas.

Dejemos pues que la niebla se disipe o, mejor aún, comencemos a imaginar  -¿diseñar?- un futuro estratégico más allá de la incertidumbre.

La oportunidad histórica está ahí, y la llegada de Trump bien pudiera tener ese efecto positivo.

Pd. Para una revisión más profunda de la evolución del concepto de Gran Estrategia, recomendamos “The Evolution of Grand Strategic Thought”, de Lukas Milevski.

screen-shot-2016-11-10-at-10-29-56-am

Reflexiones en materia de seguridad nacional: retos constantes y evolutivos

 

Picture1.png
Elementos de Infantería de Marina en labores de seguridad pública. La Armada de México ha jugado un papel determinante en la contención de organizaciones criminales en algunas regiones de México.

 

Este texto marca el reinicio de actividades de este blog después de permanecer inactivo por 4 años. En 2012, en el ocaso de la administración del entonces presidente Felipe Calderón, la situación de violencia relacionada con el crimen organizado tenía ya tiempo de ocupar el primer lugar en las preocupaciones de los mexicanos.

Para entonces, mucho se había escrito sobre la evolución del fenómeno de violencia en nuestro país e incluso algunos analistas respetados ya hablaban de una “epidemia de violencia”, a la luz del crecimiento exponencial de los homicidios dolosos en aquellos años.

Para muestra de ello, baste recordar que la tasa de homicidios en México había bajado de 20 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 1990, a tan solo 8 en 2007; mientras que para 2011 el mismo indicador daba cuenta de 24 homicidios por igual número de personas. Sin duda, un incremento por demás atípico.

Justo en esa época, en medio del debate sobre qué estrategia nacional debía emprenderse para afrontar tan difícil fenómeno, publiqué un texto (2010) denominado “The missing link”. En el mismo, comentaba que cualquier estrategia de contención y control del crimen organizado ligado al narcotráfico, requeriría de la efectiva articulación de las fuerzas de seguridad del Estado en sus tres niveles: la primera etapa, enfocada en detener la libre circulación de grupos criminales y su capacidad de hacerse con el control de zonas específicas del territorio nacional, estaría a cargo (de manera temporal) de las Fuerzas Armadas y la naciente Policía Federal. La idea era contener un problema de seguridad nacional y regresarlo a la esfera de la seguridad pública.

La segunda etapa, decíamos entonces, implicaría que las policías estatales y municipales se sometieran a un profundo proceso de transformación (no solamente de depuración) para, una vez contenido el problema, avanzar a la fase de control territorial con medios –sobretodo- policiales y mínimamente militares.

La tercera fase, que la literatura de análisis de procesos de recuperación territorial denomina “construcción”, se abocaría a la creación de instituciones político-sociales sostenibles en aquellas zonas donde el crimen organizado había jugado el papel de Estado fáctico.

Para llegar a esta tercera fase, sin embargo, debían haberse consolidado tanto el proceso de contención (militar) como el de control territorial (a cargo de policías locales eficientes y transformadas).

Como es sabido, a 4 años de la llegada de una nueva administración federal, poco o nada ha cambiado: la violencia han regresado a los niveles de 2012, y las Fuerzas Armadas siguen desplegadas en sendos operativos de contención, sin que exista aun un modelo nacional de transformación policial que permita avanzar a una fase posterior de control; mucho menos de construcción.

En 2016, en lo que hace a la situación de seguridad al interior de nuestras fronteras,  y a la luz de la experiencia vivida en la actual administración, puede resumirse que:

  1. Las Fuerzas Armadas siguen siendo la única institución con cierta capacidad logística, moral y material para desplegar operaciones de contención de grupos del crimen organizado.
  1. Sin embargo, la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, que originalmente tenía el carácter de temporal, dejó de serlo: no existe una estrategia definida para que las FFAA regresen a la labor que naturalmente les compete: la defensa exterior de la nación.
  1. A pesar de los esfuerzos provenientes del estamento militar de avanzar en una legislación que establezca con claridad los límites y alcances de la intervención de las FFAA en labores de seguridad interior y seguridad pública (que no es lo mismo); no ha existido voluntad política real –ni en la Administración Federal ni el Congreso- para consolidarlo.
  1. Si bien algunas policías estatales y municipales realizaron importantes esfuerzos de depuración y profesionalización, lo cierto es que la gran mayoría de los cuerpos policiales del país operan sin un modelo definido, carecen de equipo y preparación mínimos, y adolecen de controles internos y externos efectivos. No existe, entonces, un modelo nacional policial definido.
  1. La intervención de las Fuerzas Armadas y en menor medida de la Policía Federal, provocó un proceso de atomización de los cárteles del narcotráfico en una buena cantidad de organizaciones mucho más pequeñas. Si bien estas organizaciones carecen de la movilidad logística y territorial de sus antecesoras, lo cierto es que suelen ser más violentas, evolutivas y adaptativas. Hablamos entonces de una profundización en el carácter asimétrico del conflicto, fenómeno de una enorme complejidad que exige un enfoque estratégico, operacional y táctico mucho más integral.

 

A los puntos anteriores, habría que agregar la persistencia de fenómenos socio-organizativos cuya naturaleza representa una amenaza a la seguridad nacional: guerrillas y grupos radicales que operan en regiones del país donde hay carencia de instituciones estatales, incluso en zonas donde sus actividades coinciden con expresiones del crimen organizado.

En estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca, las guerrillas con raíces históricas rurales cruzan la frontera de sus reclamos tradicionales y convergen con actividades ilícitas que nada tienen que ver con sus fundamentos ideológicos.

Como puede observarse, los retos en materia de seguridad que enfrentaba el país hacia fines de la administración pasada (2012) se tornan más complejos, sobretodo a la luz de dos fenómenos que bien pudieran resumir los puntos anteriores: mientras que los grupos del crimen organizado (particularmente aquellos ligados al narcotráfico) han evolucionado, la estrategia nacional para enfrentarlos se ha estancado.

En este contexto, hemos decidido relanzar este espacio de discusión. Lo hacemos porque pensamos que los retos en materia de seguridad nacional siguen vigentes y evolucionan a un ritmo que reclama un análisis constante y profundo, pero también ágil y puntual.

En las próximas publicaciones abordaremos temáticas relativas a la seguridad nacional y defensa, que enumero en mayúsculas por su importancia: Amenazas y Riesgos a la Seguridad Nacional, Política de Defensa, Análisis de Adquisiciones y Empleo, Sistema Nacional de Inteligencia, entre otros.

Sirva este espacio pues, para abonar a la Cultura de Seguridad Nacional.

Coming interview on Mexico’s involvement in Peacekeeping Operations

Some days ago, we bought this book at the Mexican Navy Center for Higher Studies.

Introduction to Peacekeeping Operations, Author: Alfonso J. Motta Allen

 

The author, a former Mexican Navy officer and Dalhousie University PhD. in International Relations, is a well regarded expert in National Security and United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO).
Next week, MXSECURITY will interview Mr. Motta on Mexico’s future involvement in UNPKO.
 You can send your questions by posting them on the “comments” section.
Till next week.
MXSECURITY Staff.

Urban infrastructure and system disruptions: the next stage of narco-violence?

In the summer of 2007, a number of Improvised Explosive Devices (IED’s) destroyed gas pipelines in the states of Guanajuato, Querétaro and Veracruz. The explosions –vindicated by the Marxist guerrilla group Popular Revolutionary Army- did not cause human casualties, but inflicted serious economic damage worth 150 million dollars.

On May 13, 2010 several electricity blackouts affected 13 out of 16 Mexico City’s districts, altering normal life in one of the world’s biggest cities. The Mexican Electrical Workers Union (SME in Spanish) is being accused by government authorities as the group behind the attacks.

While these attacks have been political-motivated so far, they present a serious challenge to Mexico’s National Security in the context of the war against drugs and organized crime.

Let me be clear on this. Given the enormous availability of resources among Drug Trafficking Organizations (DTO’s), the use of system disruption techniques would have devastating effects.

In MXSECURITY we believe that there is a possibility that DTO’s could eventually attack critical urban infrastructure within Mexico’s most important cities, targeting electric power lines, sewage and potable water pipes or telephone/internet communication hubs.

Local governments (state, city levels) should start thinking of anti-disruption tactics.

To learn more on system disruption experiences I recommend John Robb’s book “Brave New War, the next stage of terrorism and the end of globalization”. You can also follow his blog on. For a more profound analysis regarding urban-guerrilla disruption tactics you should read “Swarming on the Battlefield”, by the US think tank RAND.

Local police forces’ transformation: the missing link in countering organized crime.

Since President Calderon arrived to Office in late 2006, he made it clear that his government’s top priority would be to tackle Drug Trafficking Organizations (DTO´s). His first executive order in the matter was to send thousands of soldiers to the western state of Michoacán, then the hot spot of DTO’s related violence.

In the coming months, the Federal Government kept sending military, navy and police units to embattled zones such as Baja California, Durango, Chihuahua and Tamaulipas.

The main objective of such troop deployments was simple: to regain control of DTO’s-controlled areas and bring them under the “rule of law”.

Nevertheless some politicians and even policy makers confused –deliberately or not- the “tactical objective” with the long term strategy, which required a wider approach beyond military operations.

Yet this misunderstanding is still part of the public debate for two main reasons: first, the Federal Government has failed to explain the general strategy correctly and, on the other hand, some politicians use this apparent confusion to avoid their share of responsibility in the “war on drugs”. And this is what I call “the missing link”.

Let me explain what I consider the core strategy and how some politicians –mostly governors- are evading their role in it.

The core strategy, although complex in its details, is comprised of three main phases:

1. Tactical Objective:

To regain control of geographic areas embattled by Drug Trafficking and Organized Crime syndicates.  Given the operational capabilities needed to back this phase, the Government would use military personnel while transforming the Federal Police into a well-capable force.

2. Mid-Term Objective:

Once the Federal Police is ready to replace the Armed Forces, the military would assume a “back-up” role participating only in special, surgical operations. This phase requires that the Federal Police has undertaken a deep modernization process, regarding not only its hardware equipment but also its operational procedures, intelligence and anti-corruption capabilities.

3. Long-Term Objective:

While military forces are performing a “back-up role” for the whole strategy, and the Federal Police is in charge of tackling organized crime, it is time for the local authorities to undertake a serious transformation to their local police and judicial forces.  

Yet to achieve this Long-Term Objective, the general strategy requires a full commitment of state governors and their security apparatus. And this is precisely the “missing link” I was talking about.

There are two main actions that state authorities must carry out as part of the general strategy: to modernize their local police forces (creating a single state police force) and to reform the judicial apparatus towards verbal, transparent and more effective procedures.  

With some exceptions, the bulk of state governors are simply not endorsing these actions. Why? Well, if they do modernize their police and judicial structures, they will simply lose control over them.

The state governors’ unwillingness to assume a more active role in the general strategy against organized crime is serious and very dangerous.  

Let’s put it this way: should local police and judicial forces remain unchanged, organized crime will establish its stronghold under the safe haven of state authorities.

The success of the general strategy against DTO’s depends on the state governor’s commitment, and not only the Federal Authorities’ one.